Este jueves dirigentes vecinales, integrantes de la Corporación Puelo Patagonia y miembros de la comunidad indígena Domingo Cayún Panicheo se reunieron con el Superintendente Cristián Franz para exponer sobre los incumplimientos a la normativa ambiental asociados a las obras del camino privado Río Manso del empresario inmobiliario Roberto Hagemann, emplazado dentro de una Zona de Interés Turístico en Cochamó.
 
La reunión inició a las 9:30 en la oficina de la Superintendencia de Medio Ambiente en Santiago, a la cual asistió la máxima autoridad Cristián Franz, la encargada de la SMA de la Región de Los Lagos Ivonne Mancilla y el jefe de Gabinete del superintendente David Silva. En la ocasión la comunidad expuso sobre la importancia cultural, social y ambiental del valle del río Manso y cómo ha afectado a estos valores la construcción de los 12 km del camino privado que conectan el Puente Cheyre con la bocatoma de la central hidroeléctrica Mediterráneo (210 MW).
 
La empresa Inversiones y Renta Los Andes (IRLA) titular del camino fue sancionada el año 2015 por iniciar las obras sin aprobación ambiental. Esta sanción actualmente se encuentra suspendida luego de que la empresa presentara un plan de cumplimiento, que a juicio de sus opositores, se estaría contraviniendo por falta de rigurosidad del organismo fiscalizador. “Hemos interpuesto los recursos correspondientes ante la SMA desde hace más de un año y en esta ocasión hemos expuesto al superintendente los antecedentes que sustentan nuestra posición jurídica sobre los cuales tenemos absoluta certeza y confianza” expresó el abogado de Puelo Patagonia Juan Pablo Escudero.
 
Los escritos presentados por Puelo Patagonia ante la SMA muestran fotografías aéreas actuales de la contaminación del río Manso y Puelo producto de los sedimentos asociados a la construcción negligente del camino. “Nosotros evidenciamos que la empresa que está construyendo el camino produjo un impacto y un daño irreversible, esto no ha sido reconocido, se ha hecho a libre albedrío pasando por encima de toda la institucionalidad ambiental, sin mitigaciones y sin hacerse cargo de sus impactos, al contrario,  se ha negado y desconocido cada uno de ellos” dijo Víctor Vaccaro, dirigente vecinal de Río Puelo.
 
En diversas ocasiones los opositores al proyecto hidroeléctrico han denunciado que el camino es parte vital e imprescindible para la construcción de la central hidroeléctrica de 210MW que hoy defiende su permiso ambiental en la Corte Suprema, contrario a lo que la empresa a cargo de la construcción del camino y la autoridad ambiental declaran. “Según ellos el fraccionamiento no pudo demostrarse en forma porque, según parece, en Chile nunca se ha podido demostrar. Evidentemente el que el estudio de impacto ambiental que la empresa que está haciendo el camino ha presentado  sea justo hasta la bocatoma de la central Mediterráneo no es casualidad, uno puede leerlo de mil maneras pero está claro que no solo son socios (los dueños de Mediterráneo S.A e IRLA S.A) y trabajan juntos, si no que tienen los mismos intereses”, dijo Vaccaro.
 
Finalmente la comunidad expresó la urgencia que existe de que el organismo fiscalizador visite el lugar y responda a las demandas de los habitantes. “Al tener versiones distintas, el superintendente tiene la necesidad de ir a terreno para evidenciar los hechos. Esperamos que la Superintendencia vaya a terreno y vea con sus propios ojos los daños y perjuicios que ha generado la empresa en el lugar” enfatizó el dirigente vecinal.
 
¿Camino privado o público?
 
Una de las aristas más polémicas asociadas al camino privado es sobre la demanda histórica de conectividad que reclaman los habitantes del paso fronterizo El León, demanda que teóricamente quedaría satisfecha luego de que la hidroeléctrica Mediterráneo ofreciera en el año 2015 el camino de IRLA S.A. como medida de mitigación de los daños asociados a la construcción de la megacentral.
 
En marzo de este año la empresa IRLA publicó el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la consultora POCH del camino Río Manso, que define su trazado final hasta la bocatoma de la central y no hasta la localidad de Paso El León cómo se había anunciado. La publicación del EIA desató el descontento de los habitantes de Paso El León, junto a lo cual han circulado noticias y declaraciones que ponen en duda la veracidad de que el compromiso de Mediterráneo, en caso de que su RCA sea aprobada por la Corte Suprema, llegue a cumplirse, así como cuestionan el rol del Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, en la construcción de un camino que fue establecido como mitigación y compensación de los impactos sociales y ambientales que provocaría la construcción de la hidroeléctrica.