El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia dictó sentencia respecto de las reclamaciones ciudadanas presentadas en contra de la central hidroeléctrica Mediterráneo; cancelando la RCA y anulando el pronunciamiento del Comité de Ministros, por presentar falencias en el estudio antropológico, especialmente en el proceso de Consulta Indígena.
El Presidente de la Corporación Puelo Patagonia, Rodrigo Condeza se mostró cauto ante la noticia “La resolución es un golpe definitivo a un pésimo proyecto, ejecutado desde sus inicios de mala fe, y que ha perjudicando a la comunidad. Si bien la resolución dictada marca un hito importante en la batalla legal, nuestra intención es que las acciones judiciales no terminen sino hasta el momento en que Mediterráneo renuncie definitivamente al proyecto y repare el daño ambiental y social ocasionado”.
Camila Argel Cayún, representante de la comunidad mapuche reclamante Domingo Cayún Panicheo manifestó su satisfacción por la sentencia “en parte estamos contentos con la noticia, como comunidad mapuche reclamamos porque no se nos hizo la consulta y el estudio antropológico era ineficiente, no era completo y no se nos tomaba en cuenta. Ahora el tribunal bajó la RCA y eso nos da un empujón para seguir adelante y que se vaya de una vez por todas Mediterráneo”.
La abogada Macarena Soler de Geute Conservación Sur señaló el interés que existe por proteger definitivamente el río Puelo “Estimamos que esta resolución, junto a la renuncia a los derechos de agua que ha efectuado recientemente Endesa, implica ahora un desafío para que el Gobierno proteja estos ríos que conservan alta naturalidad, belleza, cultura, y oportunidades de un verdadero desarrollo amigable con la naturaleza. La conservación de la cuenca del Puelo, como reserva de agua, debe ser un estatuto de protección definitiva. La hidroelectricidad es hoy una opción poco rentable, obsoleta, cara y destructiva, que no beneficia a la comunidad y tampoco al país”.
Por el momento la comunidad señaló que sigue alerta a la espera de que se cumpla el plazo en el que la empresa Mediterráneo podría apelar sobre el fallo en la Corte Suprema.