Este miércoles 6 de abril llegó hasta la Cámara de Diputados un grupo de la comunidad que defiende al río Puelo para señalar sus demandas contra Mediterráneo ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Rodrigo Condeza, Presidente de Puelo Patagonia, Pedro Soto, dirigente vecinal de Río Puelo, Macarena Soler, abogada de Geute Conservación Sur, Camila Cayún, Werkén de la Comunidad Domingo Cayún Panicheo y Martín Gallardo, dirigente vecinal del Valle Ventisquero pudieron expresar sus inquietudes y manifestar el rechazo al proyecto hidroeléctrico Mediterráneo que amenaza la cuenca del Puelo.
“Es reprochable la intervención de los ríos en la Patagonia sin ningún tipo de respeto, como lo ha hecho el proyecto Mediterráneo. Estamos en contra de las mega centrales hidroeléctricas que tienen un gran impacto social. Buscamos el retiro de este proyecto, un ordenamiento territorial y la evaluación ambiental estratégica que corresponde”, señaló Rodrigo Condeza ante la comisión.
“Este proyecto hay que revisarlo completamente de nuevo. Mediterráneo ofreció 1.200 millones de pesos a modo de compensación para la comuna, donde somos 4.200 habitantes, lo que significa 2.500 pesos mensuales por persona”, expuso el dirigente vecinal de Río Puelo Pedro Soto.
La Comunidad Mapuche Domingo Cayún Panicheo estuvo representada en el Congreso por Camila Cayún quien señaló “venimos a pedir que nos escuchen, nosotros vivimos del turismo y de lo que nos da la naturaleza. Queremos pedirles a ustedes que son los encargados de velar por los pueblos y no por los empresarios que revisen nuevamente el proyecto. No se hizo consulta indígena al momento de aprobarlo”.
Una de los puntos principales de discusión en la Cámara de Diputados fue el turismo y cómo el proyecto Mediterráneo afectaría este ámbito en la zona del Puelo. “La apuesta de desarrollo local gira en torno al turismo. Esto es además una gran oportunidad para Chile si pensamos que el turismo aporta más de 2.300 millones de dólares anualmente. Es una actividad democrática que reparte los beneficios en la comuna”, dijo la abogada Macarena Soler en la sesión.
“Este proyecto es ilegal y es importante que los Tribunales Ambientales y la sociedad lo vea así. Aquí no hubo ningún estudio de impacto ambiental, sin embargo, se determinaron medidas compensatorias. No se entiende cómo se determinaron esas medidas si no hubo un estudio previo”, agrega Macarena Soler.
En la sesión de la tarde en la Cámara de Diputados también hubo espacio para la intervención de algunos diputados que estuvieron presentes.
“Según lo que expone la comunidad de Puelo, aquí hay un delito claro. Lo ideal sería poder determinar una comisión investigadora, tal como la hubo en el proyecto Hidroaysén y que terminó por rechazarlo. Me parece grave que se haya aprobado un proyecto con delitos, no podemos aprobar algo así y si se aprueba nosotros somos cómplices”, expresó la Diputada Cristina Girardi.
Otro de los diputados que manifestó su apoyo a la comunidad de Puelo fue David Sandoval. “La zona austral de nuestro país y su gente viven una situación de abandono por parte del Estado. Vive una escasa población y esa condición de fragilidad ha motivado que los pobladores originales vean con pesimismo el futuro. El Estado ve en esos lugares la oportunidad para desarrollar proyectos para el país y no para la gente que vive ahí”, expresó el diputado Sandoval.
Tras la jornada el Diputado Patricio Vallespín, gestor de la reunión en el Congreso manifestó nuevamente su rechazo al proyecto hidroeléctrico en Puelo. “Los parlamentarios se han dado cuenta de que es un proyecto que va contra natura. Que se quieren imponer términos en la comuna, siendo que los proyectos energéticos podrían estar en otros lugares y reservar esta zona para otras actividades como el turismo. Esto se transformaría en una zona de sacrificio, en una comuna que tiene su vocación en el turismo y la agricultura orgánica”, señaló.
“Se tomaron una serie de acuerdos para determinar si hubo ilegalidad en el proceso de aprobación del proyecto Mediterráneo. Además vamos a iniciar el proceso para formar una comisión investigadora, para lo que necesitamos 48 firmas de diputados y así fiscalizar si existieron irregularidades en los servicios públicos que participaron en la evaluación del proyecto”, agregó Vallespín.
La comunidad de Puelo se comprometió a enviar todos los antecedentes necesarios por escrito para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados pueda evaluar los pasos a seguir en el polémico proyecto que aprobó el comité de Ministros.
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